El delito de trata de personas ha crecido en la Argentina de manera sostenida durante los últimos años. Según especialistas en la materia, si el Estado no toma medidas implementando políticas para combatir este delito, la trata seguirá creciendo y las redes del crimen organizado, fortaleciéndose.

Mercedes Assoratti, una de las principales referentes de las organizaciones que luchan contra este flagelo, expresó: “Es imperioso abordar integralmente la trata de personas en el corto plazo y aún no se ve una actitud decidida para combatirla o para hacer frente a las terribles consecuencias humanas de este negocio del crimen organizado, que está extendiéndose rápidamente en todo el territorio”.

Esta problemática  incluye tres instancias: captación de la víctima en su lugar de origen, traslado hacia otro sitio mediante engaños o violencia, y explotación, en el lugar de destino. En el caso de la esclavitud sexual, se suma la violación , de la víctima para quebrar su voluntad.

En 1949 la Argentina firmó el Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Al aprobar este convenio, se convirtió en un país abolicionista. Esto significa que no condena la prostitución, sí su explotación, además se compromete a generar políticas públicas y sociales para abolir la prostitución. El Estado Argentino es considerado uno de los países que más Convenios ha refrendado, pero la realidad al interior de sus fronteras es muy diferente. La Ciudad de Buenos Aires, considerada una de las ciudades más progresista de Latinoamérica, cuenta con un represivo código de convivencia que penaliza la prostitución callejera creando de hecho una zona roja donde mujeres y travestis -en estado de prostitución- ponen en peligro su vida. Pero no sólo en la capital del país hay represión a la prostitución, en varias provincias existen códigos de faltas que penalizan esta practica.

El convenio expresaba: “La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad.”

En 2008, a partir de la sanción de la ley 26.364, el gobierno argentino adhirió al Protocolo de Palermo, por el que las naciones se comprometieron a combatir el tráfico de personas. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, asignó a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y trata de personas (Ufase), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, la tarea de luchar contra ese delito. Esta norma, no sólo persigue a las organizaciones que se dedican a traficar mujeres para ejercer la prostitución, sino que apunta a sancionar a los grupos que explotan laboralmente a mujeres y hombres.

En los ultimos 18 meses, más de 600 mujeres fueron secuestradas en la Argentina por redes de trata de personas. La estadística corresponde a la red de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de buscar a esas mujeres y de contener a las familias de las víctimas.

Argentina es considerado un país de “destino” para mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, el último y más redituable eslabón en la cadena de esta práctica delictiva, que se extiende en todo el territorio nacional. Los datos se desprenden de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , que subraya que, la mayoría de las víctimas son mujeres menores de edad, con escasa educación y muy pobres.

La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas  (UFASE) señaló en su informe anual de 2009 que el norte argentino, especialmente el noreste, es una región de captación de personas para explotación sexual y, a su vez, de transporte de víctimas con fines de explotación laboral.

En tanto, las provincias del sur del país están claramente destinadas al circuito de explotación sexual.    El director de la UFASE, el fiscal Macerlo Colombo, sostuvo que las personas captadas en el noreste argentino son, en su mayoría,  “mujeres adultas y menores de edad para ser explotadas sexualmente y hombres para la esclavitud laboral, provenientes de Paraguay y Bolivia, respectivamente”.

El fiscal Colombo, expresó: “Desde que existe, la UFASE generó contactos con ONGs, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del pueblo, consulados de distintos países y la OIM, ya que la colecta de información es muy difícil”, señaló.     “La falta de estadísticas aunadas -sostuvo- hace que la trata sea un fenómeno especialmente difícil de detectar e investigar y uno tiene acceso a sólo un mínimo de casos, cuando en el país hay miles”.

Por su parte, Fabiana Tuñez, quien junto con Ada Beatriz Rico y Marta Montesano fundó La Casa del Encuentro, ONG que junto con la Fundación María de los Angeles, Alto a la Trata y la Fundación Mujeres en Igualdad forman parte de la Red No a la Trata, expresó: “Por cada mujer que encontramos, desaparecen siete. Las bandas que se dedican a este delito son muy poderosas”.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Internacional para las Migraciones consideraron la trata de personas un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero que maneja, y que quedó un escalón por debajo del narcotráfico.

Redacción: Rocio Scheytt

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